miércoles, 6 de octubre de 2010

El fracaso Educativo

pintura  de Laura Ortiz de Zevallos


José Manuel Zevallos P. - martes, octubre 05, 2010


El fracaso educativo 
Calderón envió recientemente a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el 2011, en el cual propone una disminución de dos por ciento al gasto para educación básica y de 20 por ciento al de cultura. Quienes ya conocen el presupuesto en detalle aseguran que también hay disminuciones de 13 por ciento en educación media y de uno por ciento para universidades estatales. En las circunstancias actuales, tales medidas significan un freno al progreso del país y una auténtica traición para los mexicanos. ¿De qué sirvieron entonces aquellos discursos donde el propio Calderón proclamaba que la educación era la prioridad número uno de su administración? ¿Dónde quedaron las afirmaciones de que “durante su gobierno lograría la mayor inversión educativa de la historia”, o promesas tales como aquellas de que “al término de su sexenio México estaría destinando más de ocho por ciento de su presupuesto a educación, superando incluso lo recomendado por la UNESCO”? ¿Qué hay sobre su convicción –tantas veces repetida– de que, “para un país, no hay mejor inversión que la educativa”, etcétera, etcétera?

En números reales, la reducción citada es bastante mayor de lo que expresa el simple porcentaje, si se atiende a que el peso ha perdido considerablemente su poder adquisitivo en los últimos 10 años. El resultado entonces implica la confesión del fracaso absoluto del actual gobierno en materia educativa y es además prueba irrefutable de que las administraciones panistas son enemigas de la educación, la cultura y la investigación científica, pues mientras en estos rubros se reduce y se malgasta sin falta, la inversión del Estado, en otros menos importantes –como el de los superficiales festejos del bicentenario, o los relacionados con las onerosas y frecuentes campañas publicitarias de autopromociones del Presidente, o peor aún, como el de la partida entregada al sindicato de Elba Esther–, se gastan sin remordimiento sumas multimillonarias. Para qué mencionar además a los miles de millones de pesos que se dilapidan en una burocracia ineficaz o los que se pierden en la corrupción siempre ligada al gasto del Estado, etcétera, que fluyen constantes sin que nadie se ocupe de evitar tales sangrías a las arcas públicas.

Se reduce en cambio lo que de suyo ya es insuficiente. Ningún mexicano ignora que el país necesita miles de millones de pesos para construir o reconstruir en todo el territorio nacional más y mejores escuelas para todos los niveles educativos, que le permitan al gobierno cumplir con su obligación constitucional de garantizar a todos los ciudadanos una educación de calidad. Nadie tampoco desconoce que también se necesita formar a los maestros e investigadores que requerirán pronto las próximas generaciones, y ello supone un gasto creciente y considerable.
Por otra parte, el Estado ha venido renunciando deliberadamente y desde hace muchos años a realizar la inversión requerida para tales fines, dejando a cambio parte de esa educación en manos de particulares que, además de carecer de la preparación necesaria para cumplir tan delicada misión, lo emprenden con miras eminentemente económicas y bajo una muy relativa supervisión oficial. Se ha contribuido así a perder la unidad educativa que prevé la Constitución y exige la enseñanza y por ese camino se han fomentado en el país, divisiones sociales de toda clase, propiciadas por las indebidas separaciones y privilegios que el propio sistema establece.

Esta privatización de la enseñanza provoca adicionalmente una baja en la calidad de la misma: Las llamadas “universidades patito” están ahora en todo el territorio y representan un fraude doloroso para alumnos, padres de familia y aún para la Nación. Se da así una generación adicional de “ninis” (ni estudian, ni trabajan) que ni siquiera sabe que lo son y además han pagado por ello. Por otra parte, basta ver la cantidad de alumnos que año con año son rechazados por las universidades públicas para advertir y medir la gravedad del fracaso mencionado. El Estado ya no está cumpliendo entonces con su obligación de impartir una educación laica, gratuita y obligatoria, mucho menos democrática, nacionalista y que contribuya a la convivencia humana, especialmente porque la educación ha quedado ahora en manos de funcionarios que representan los intereses del gran capital y no los de los mexicanos. La táctica oficial es ahora alejar a la enseñanza de los grandes problemas de México y eso se logra en parte hostilizando y obstaculizando a las Normales rurales y a otros centros independientes de formación de profesores semejantes, a los que se les considera “desafectos al régimen o a las políticas educativas actuales”, como si eso fuera un despropósito que ameritara su desaparición. En otras palabras, se ataca “oficialmente” a esas escuelas, porque en ellas no se enseña lo que los políticos quieren. Ellos preferirían formar educandos sumisos, que no reparen en la injusticia social, o en las discriminaciones o en las desaciertos de los políticos; que no objeten lo que les digan “sus superiores”, ni antepongan a la ciencia sobre las instituciones; que no se rebelen contra el pequeño grupo que hoy se ha apoderado de todas las riquezas del país y lo desgobierna, sin ningún acierto. Pero esa educación conformista que ellos pretenden resulta impracticable en esta era de la información electrónica y, por otra parte, de nada le serviría a un país que debe luchar por la supervivencia, por mantener su independencia y por lograr un indispensable cambio social. Ese país necesita entonces egresados críticos, conocedores de los problemas nacionales y dispuestos a acabar con las desigualdades y las injusticias que hoy lo ahogan sin esperanza. Está claro que la educación en manos de los grupos conservadores va al fracaso y resulta indispensable devolverle enriquecidas las grandes metas sociales que le fijó la Revolución Mexicana y aún exige su Constitución.

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